World Rugby no logró detener las demandas de exjugadores por lesiones cerebrales: 530 reclamaciones continúan en el procedimiento
El High Court de Londres ha permitido que continúen 530 reclamaciones de exjugadores de rugby que afirman haber estado expuestos durante sus carreras a golpes repetidos en la cabeza y haber desarrollado como consecuencia graves daños neurológicos. La decisión, publicada el 21 de agosto de 2026, representa un importante momento procesal en el litigio que se prolonga desde hace años contra los principales organismos rectores del rugby, entre ellos World Rugby, la Rugby Football Union y la Welsh Rugby Union, así como organizaciones vinculadas al rugby league. Senior Master Jeremy Cook concluyó que numerosas reclamaciones habían quedado formalmente expuestas a ser eliminadas del procedimiento por el incumplimiento de anteriores órdenes judiciales, pero al mismo tiempo concedió una exención de dicha sanción. Una razón clave fue la conclusión de que los propios exjugadores no eran responsables de los incumplimientos en la entrega de la documentación y que sería desproporcionado que soportaran las consecuencias de los errores de sus entonces representantes legales. El tribunal subrayó que la decisión no determina de ningún modo la responsabilidad de las organizaciones de rugby por las enfermedades y lesiones alegadas por los demandantes.
Según la sentencia oficial del High Court en el caso Adam Hughes y otros contra World Rugby Limited y otros, el procedimiento más amplio comprende aproximadamente a 1.000 exjugadores de rugby union y rugby league, entre ellos hombres y mujeres, así como numerosos antiguos deportistas de élite. Los demandantes sostienen que las colisiones durante los partidos y los entrenamientos, incluidas las conmociones cerebrales repetidas y los impactos que no tienen por qué causar una conmoción cerebral clínicamente reconocible, provocaron un daño cerebral acumulativo. En sus escritos se mencionan el síndrome posconmocional persistente, la encefalopatía traumática crónica, la demencia de aparición temprana, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la enfermedad de la neurona motora. La defensa cuestiona esas alegaciones, incluido el alcance del supuesto deber de cuidado, la relación causal entre jugar al rugby y los diagnósticos individuales, así como la afirmación de que los organismos rectores no adoptaron medidas adecuadas. El tribunal todavía tendrá que abordar esas cuestiones en la continuación del procedimiento.
Por qué 530 reclamaciones estuvieron a punto de ser excluidas del procedimiento
La decisión más reciente no se refería a una evaluación médica o jurídica definitiva de las alegaciones de los exjugadores, sino a la entrega de pruebas. Durante 2024, el tribunal ordenó la presentación de materiales procedentes de evaluaciones médicas, incluidas entrevistas neurológicas, evaluaciones neuropsicológicas, imágenes cerebrales y documentos de diagnóstico. Debido al cumplimiento incompleto se dictaron órdenes más estrictas, conforme a las cuales determinadas reclamaciones podían ser eliminadas automáticamente. Tras rechazarse una apelación, el plazo para una parte de la documentación se trasladó al 13 de febrero de 2026, pero la defensa sostuvo que incluso entonces seguían existiendo deficiencias significativas.
En la sentencia, Cook indicó que, en el rugby union, 377 demandantes estaban afectados por graves deficiencias en la divulgación de documentación. Los problemas incluían grabaciones o registros no entregados de entrevistas neurológicas, cuestionarios y versiones anteriores de determinadas pruebas de imagen y análisis, y algunos jugadores aparecían en más de una categoría de incumplimiento. En los asuntos relacionados con el rugby league se examinaron 173 demandantes pertenecientes a determinados grupos de reclamaciones; el tribunal concluyó que 153 reclamaciones estaban sujetas a la sanción de eliminación, mientras que 20 sobrevivieron sin esa intervención. En conjunto, fueron exactamente 377 reclamaciones de rugby union y 153 de rugby league, es decir, un total de 530, las que tuvieron que ser restituidas al procedimiento mediante la decisión judicial de conceder una exención de la sanción. Esto explica por qué los informes sobre el caso hablan de más de 500 reclamaciones salvadas, aunque el litigio en su conjunto incluye a un número considerablemente mayor de exjugadores.
Cook calificó los incumplimientos de las órdenes como graves y significativos e indicó que habían provocado retrasos y costes innecesarios. En la sentencia subrayó que la causalidad médica ocupa un lugar central en el litigio, por lo que una documentación completa no es una mera formalidad. Al mismo tiempo, tuvo que valorar si, debido a los errores del equipo jurídico, debía privarse permanentemente a cientos de personas de que sus reclamaciones fueran examinadas. Concluyó que las circunstancias excepcionales justificaban la continuación.
El cambio de equipo jurídico resultó decisivo para la decisión
Un elemento importante de la sentencia fue el cambio de representantes legales de los demandantes. Durante años, los exjugadores habían estado representados por el despacho Rylands Garth bajo la dirección del abogado Richard Boardman, y durante el procedimiento el tribunal había expresado en varias ocasiones su preocupación por la manera en que se estaba gestionando el extenso litigio colectivo. Cook señaló en la decisión que no habría tenido confianza en que las futuras órdenes judiciales fueran cumplidas a tiempo si el mismo equipo hubiera seguido encargado del caso. Según la sentencia, los comités de jugadores decidieron durante julio de 2026 cambiar de representantes, tras lo cual se contrató a KP Law, un despacho especializado en litigios colectivos y reclamaciones de indemnización. La notificación del cambio de abogados se presentó ante el tribunal el 11 de agosto.
KP Law, según los materiales recogidos en la sentencia, anunció un equipo suficientemente numeroso y los recursos técnicos necesarios para completar las obligaciones relacionadas con la documentación, mientras que Leigh Day debería continuar como consultor. Law Gazette informó de que KP Law asumió formalmente los casos de ambos códigos de rugby e informó al tribunal y a los demandados del cambio. El propio cambio de representantes no eliminó los incumplimientos anteriores, pero dio al tribunal una mayor confianza en que las órdenes futuras serían respetadas.
En su ponderación final, Cook señaló varias razones para permitir la continuación. El procedimiento todavía se encuentra suficientemente lejos del juicio definitivo como para que el retraso pueda corregirse mediante una gestión más estricta del caso y, según su valoración, sigue siendo posible garantizar un juicio justo. El tribunal también consideró importante que los propios demandantes fueran inocentes de los fallos profesionales de sus antiguos representantes. Otro elemento fue la relevancia pública más amplia del litigio, especialmente porque es probable que las cuestiones jurídicas y fácticas comunes se examinen mediante determinados casos de prueba o casos principales. Si un gran número de demandantes fuera eliminado del procedimiento únicamente debido a errores procesales de sus abogados, también se reduciría el conjunto del que el tribunal puede seleccionar casos representativos.
La continuación no está exenta de condiciones y el juicio todavía no está cerca
La decisión no significa que las 530 reclamaciones vuelvan al procedimiento sin obligaciones adicionales. El tribunal concedió en principio la exención de la sanción, mientras que las condiciones precisas se determinarán en una audiencia adicional. Ya se ha indicado que los demandantes deberán pagar los costes en los que incurrieron los demandados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de divulgación y entregar la documentación que falta conforme a las órdenes existentes. Los exjugadores han obtenido así la posibilidad de continuar con el litigio, pero con muy poco margen para nuevos incumplimientos procesales.
Según el plan del nuevo equipo jurídico expuesto en la sentencia, las cuestiones pendientes deberían resolverse antes de la conferencia de gestión del caso prevista para los días 18 y 19 de noviembre de 2026. A continuación, el foco debería pasar a la selección de los demandantes principales y al calendario hacia un juicio sobre las cuestiones comunes. Debido a la complejidad de las pruebas médicas y a las diferentes circunstancias individuales, el camino hasta las decisiones definitivas todavía puede ser largo. Por tanto, la sentencia más reciente es una decisión sobre quién puede permanecer en el procedimiento y no sobre quién acabará ganando.
Qué alegan realmente los exjugadores
Según la sentencia, el núcleo de las demandas es la afirmación de que los organismos rectores del rugby tenían el deber de proteger a los jugadores frente a lesiones neurológicas y que el nivel de protección exigible fue cambiando a medida que los conocimientos médicos y científicos evolucionaban a lo largo de las décadas. Los demandantes sostienen que las organizaciones disponían del conocimiento y los recursos necesarios para comprender los peligros de los golpes repetidos en la cabeza, pero que no redujeron suficientemente el riesgo, no advirtieron a los jugadores o no reaccionaron correctamente después de las lesiones. Entre las alegaciones también figuran afirmaciones de que los jugadores no fueron retirados del juego en determinadas situaciones y de que las cargas de contacto durante los entrenamientos no se limitaron suficientemente. Los demandantes también sostienen que no fueron informados adecuadamente sobre los riesgos a largo plazo y que, por tanto, no aceptaron conscientemente la posibilidad de sufrir enfermedades que ahora relacionan con sus carreras deportivas.
World Rugby, la RFU, la WRU y los organismos del rugby league cuestionan esas alegaciones. La sentencia oficial señala que los demandados cuestionan tanto la propia naturaleza como el alcance del supuesto deber de cuidado y sostienen que adoptaron medidas adecuadas para reducir el riesgo de lesiones neurológicas. También cuestionan la causalidad tanto a nivel general como individual, lo que significa que los demandantes tendrán que demostrar no solo que un determinado tipo de exposición puede aumentar el riesgo, sino también que las lesiones y enfermedades concretas están jurídicamente relacionadas con incumplimientos de determinadas organizaciones. La defensa también invoca cuestiones de prescripción y el concepto jurídico de aceptación voluntaria de un riesgo conocido. Por ello, el litigio final probablemente abarcará una combinación de la historia de las reglas, los conocimientos médicos disponibles en distintos periodos, la forma de gestionar las lesiones y los datos de salud individuales.
En mayo de 2026, cuando una gran parte de las reclamaciones todavía se encontraba bajo la amenaza inmediata de ser eliminada, la BBC informó de la postura conjunta de World Rugby, la WRU y la RFU según la cual habían solicitado la intervención del tribunal debido al continuo incumplimiento de las órdenes de divulgación de información relevante. Esto demuestra que el conflicto más reciente ante el tribunal estaba centrado principalmente en el procedimiento y los documentos médicos, y no en una determinación definitiva de responsabilidad. Tras la decisión del 21 de agosto, los medios jurídicos y deportivos británicos informaron de que los organismos de rugby acogieron favorablemente el establecimiento de un nuevo equipo jurídico y expresaron su expectativa de que, en adelante, el procedimiento se desarrollara de acuerdo con los requisitos del tribunal. Esa respuesta no representa un cambio en la defensa: las organizaciones de rugby siguen negando haber incumplido su deber de cuidado hacia los jugadores.
El contexto científico da al litigio una relevancia más amplia
La cuestión de las consecuencias a largo plazo de los golpes repetidos en la cabeza lleva años siendo uno de los problemas de salud más importantes en los deportes de contacto. Uno de los estudios citados con frecuencia, publicado en 2022 en la revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, siguió a 412 antiguos jugadores masculinos de la selección escocesa de rugby y los comparó con 1.236 personas de edad, sexo y nivel socioeconómico similares. Los investigadores determinaron que, durante el seguimiento, el 11,4 por ciento de los exjugadores recibió un diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa, frente al 5,4 por ciento en el grupo de control, lo que correspondía a un riesgo aproximadamente 2,7 veces mayor en esa cohorte. También se registraron diferencias para determinadas enfermedades, pero los autores subrayaron la necesidad de realizar más investigaciones y recomendaron medidas para reducir la exposición a impactos en la cabeza.
Esos datos constituyen un contexto sanitario importante, pero no resuelven las cuestiones jurídicas del litigio londinense. Un estudio observacional puede mostrar una asociación, pero no demuestra automáticamente que un determinado organismo rector haya causado la enfermedad de un jugador concreto o haya incumplido el estándar de cuidado vigente en aquel momento. Además, el estudio escocés incluyó a antiguos jugadores masculinos de la selección nacional, en gran medida procedentes de la época amateur, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse sin limitaciones a todos los jugadores. La diferencia entre el riesgo científico general y la causalidad jurídica individual será importante si los casos llegan a juicio.
El rugby ha endurecido en los últimos años los protocolos para las lesiones en la cabeza
World Rugby aplica actualmente un protocolo Head Injury Assessment de varias etapas en las competiciones de élite autorizadas. Según las directrices oficiales, el sistema combina evaluaciones durante y después del partido, examen clínico, vídeo y datos procedentes de protectores bucales instrumentados. La sustitución temporal para evaluar una lesión en la cabeza se incorporó de forma permanente a las reglas del rugby sénior de élite en 2015. World Rugby también subraya que un jugador con signos o síntomas claros de conmoción cerebral debe ser retirado del juego.
Los protectores bucales instrumentados han adquirido en los últimos años una función más importante en el rugby de élite porque registran eventos de aceleración de la cabeza durante los entrenamientos y los partidos. Según World Rugby, su finalidad es ayudar a supervisar la carga aguda y acumulativa y alertar al personal médico sobre determinados impactos que requieren evaluación. Estos cambios muestran cuánto ha evolucionado el sistema de gestión de las lesiones en la cabeza con respecto a periodos anteriores, pero al mismo tiempo plantean la cuestión jurídicamente delicada de cuándo un determinado riesgo era suficientemente conocido como para que razonablemente pudiera esperarse de los organismos rectores la adopción de medidas adicionales. El tribunal no ha respondido a esa cuestión en este momento. Tendrá que determinarse a partir de las pruebas científicas, las reglas históricas, las directrices médicas y los hechos de cada caso.
La sentencia podría tener consecuencias más allá de las propias reclamaciones de indemnización
Cook afirmó expresamente en la sentencia que el litigio tiene una relevancia pública que va más allá de las reclamaciones individuales. En particular, señaló su posible impacto en la forma en que se practica el rugby a nivel amateur y profesional. Si los demandantes logran demostrar en una fase posterior que los organismos rectores sabían o deberían haber sabido en determinados periodos que existían ciertos riesgos a largo plazo y que no reaccionaron adecuadamente, las consecuencias podrían afectar a los estándares de entrenamiento, la supervisión médica, las reglas de regreso al juego, la forma de registrar las lesiones y la información proporcionada a los jugadores. Si, por el contrario, la defensa logra cuestionar con éxito el deber, la causalidad u otros elementos clave, la sentencia podría establecer importantes límites para futuras reclamaciones similares en los deportes de contacto.
Por ahora, sin embargo, el resultado jurídico es más limitado. El High Court no declaró que World Rugby o los organismos nacionales de rugby hubieran causado enfermedades neurológicas, no concedió indemnizaciones y no decidió sobre la credibilidad definitiva de las alegaciones médicas. El tribunal decidió que 530 reclamaciones, pese a los graves incumplimientos procesales del anterior equipo jurídico, no debían desaparecer definitivamente sin ser examinadas debido a circunstancias de las que los propios jugadores en gran medida no eran responsables. La siguiente fase se centrará en completar la documentación, los costes y la organización del procedimiento orientada a la selección de casos representativos. Precisamente esos pasos determinarán cuándo y de qué manera el tribunal comenzará finalmente a examinar la cuestión fundamental que lleva años en el centro del litigio: ¿hicieron los organismos de rugby lo suficiente para proteger a los jugadores de las consecuencias a largo plazo de los golpes repetidos en la cabeza?
Fuentes:
- The National Archives / Find Case Law - sentencia oficial del High Court en el caso Adam Hughes y otros contra World Rugby Limited y otros, EWHC 2149 (KB), con detalles sobre las 530 reclamaciones, la documentación médica, el cambio de representantes y las condiciones para la continuación del procedimiento (enlace)
- Law Gazette - informaciones sobre la asunción de los casos por parte de KP Law y la decisión del tribunal de conceder a los demandantes una exención de la sanción procesal (enlace)
- BBC Sport - antecedentes del litigio sobre la divulgación de documentación médica y la anterior postura conjunta de World Rugby, la WRU y la RFU acerca del incumplimiento de las órdenes judiciales (enlace)
- World Rugby Passport - protocolo actual Head Injury Assessment, procedimientos para evaluar las conmociones cerebrales y reglas para retirar a los jugadores del juego (enlace)
- World Rugby - información oficial sobre los protectores bucales instrumentados y su función en la supervisión de eventos de aceleración de la cabeza (enlace)
- The Times - informe sobre la decisión y las reacciones de los organismos de rugby tras la sentencia del 21 de agosto de 2026 (enlace)
- Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry / PubMed - estudio de cohorte sobre el riesgo de enfermedades neurodegenerativas entre antiguos jugadores de la selección escocesa de rugby (enlace)