La batalla judicial sobre los aranceles se convierte en un gran riesgo empresarial
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de febrero de 2026, que determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA, no puede utilizarse como base jurídica para imponer aranceles amplios, no calmó al mercado. Al contrario, abrió un nuevo período de incertidumbre jurídica, financiera y operativa para miles de empresas que importan mercancías a Estados Unidos, pero también para sus proveedores, clientes e inversores. En la práctica, ha quedado claro que el mundo empresarial ya no se pregunta solo cuál será el arancel sobre un producto determinado, sino también quién asumirá finalmente el coste, quién tiene derecho a un reembolso, cuánto durará el procedimiento y si Washington encontrará entretanto una nueva base jurídica para un nuevo paquete de gravámenes.
En el caso
Learning Resources, Inc. v. Trump, el Tribunal Supremo concluyó que el presidente no tiene autoridad, bajo la IEEPA, para imponer unilateralmente aranceles de alcance ilimitado. Con ello se derrumbó la construcción sobre la que se basaban los gravámenes adicionales introducidos durante 2025 y a comienzos de 2026. Sin embargo, la decisión, por importante que sea, no dio una respuesta operativa clara a la pregunta clave que ahora preocupa a las empresas: cómo recuperar el dinero ya pagado y en qué plazo. Precisamente ahí ha surgido un espacio en el que la incertidumbre jurídica se convierte en un riesgo empresarial serio, porque la planificación de compras, contratos, existencias y precios no puede separarse de los plazos judiciales, los procedimientos aduaneros y las posibles nuevas decisiones políticas.
De la victoria jurídica al caos procedimental
A primera vista, la sentencia parece una gran victoria para los importadores. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, ya ha anunciado que deja de cobrar los aranceles IEEPA, y el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, CIT, ordenó el 4 de marzo que los gravámenes impugnados se retiren de los procedimientos de cálculo y que se permitan los reembolsos. Pero ese paso abrió de inmediato un nuevo campo de problemas. El sistema aduanero no está técnicamente preparado para el procesamiento masivo de tales reembolsos, y el Estado y el sector privado se enfrentan ahora a la cuestión de cómo aplicar la decisión en decenas de millones de partidas individuales de importación.
Según las declaraciones que la CBP presentó al tribunal a comienzos de marzo, se trata de más de 330 mil importadores y más de 53 millones de entradas aduaneras afectadas. La estimación de las autoridades estadounidenses es que a través de esos aranceles se recaudaron alrededor de 166 mil millones de dólares. Ese dato por sí solo basta para explicar por qué el desenlace jurídico no trajo un alivio inmediato. En teoría, la decisión judicial dice que los aranceles se cobraron sin una base legal válida. En la práctica, sin embargo, todavía debe establecerse un mecanismo para determinar qué envíos están cubiertos, si sus liquidaciones son jurídicamente definitivas, de qué manera se calculan los intereses y quién debe presentar una reclamación adicional.
Por eso la inseguridad jurídica se ha vuelto tan importante como la propia política comercial. Para los importadores ya no basta con seguir las decisiones de la Casa Blanca, sino también las interpretaciones de los tribunales, las directrices de la CBP, los plazos para las protestas y las condiciones técnicas de los reembolsos electrónicos. Las empresas que durante el último año intentaron proteger sus márgenes subiendo precios, reduciendo pedidos o cambiando cadenas de suministro deben ahora decidir al mismo tiempo si reclamar agresivamente reembolsos, esperar el procesamiento automático o iniciar procedimientos separados para proteger sus derechos.
Por qué los reembolsos no son una cuenta simple
Desde el punto de vista jurídico, la pregunta más importante es quién tiene realmente un derecho directo al reembolso. En el sistema aduanero estadounidense, por regla general, es el importador registrado en la documentación, y no el comprador final que quizá pagó indirectamente un precio más alto por el producto. Precisamente por eso, tras la decisión judicial, apareció una nueva ola de demandas y presiones sobre las grandes empresas. Parte de los consumidores sostiene que, al final, los hogares soportaron la carga de los aranceles, porque los comerciantes incorporaron los costes más altos a los precios minoristas. Pero la lógica jurídica del sistema aduanero no sigue automáticamente esa lógica económica, por lo que se ha abierto una brecha entre el derecho formal al reembolso y la cuestión real de quién asumió de verdad el coste.
Esa diferencia ya está creando nuevas disputas. En el comercio minorista y la logística aparecen exigencias de clientes y socios comerciales para que las empresas no se queden con los reembolsos solo para sí mismas si previamente trasladaron el coste aduanero al mercado. Con ello se abre la delicada cuestión del llamado doble cobro: ¿puede una empresa quedarse con un reembolso del Estado si parte o toda la carga ya fue trasladada al cliente. En sentido jurídico, la respuesta no es unívoca y dependerá de los contratos, la política de precios, las pruebas y las relaciones individuales dentro de la cadena de suministro. En sentido empresarial, sin embargo, el daño ya está hecho, porque incluso las empresas que ganaron en la disputa principal ahora se enfrentan a una nueva ola de riesgos, incluidas demandas colectivas, supervisión regulatoria y presión reputacional.
Un problema adicional es el hecho de que no todos los reembolsos valen por igual para todos los aranceles. Las decisiones judiciales y las instrucciones de la CBP se refieren a los gravámenes IEEPA, pero no a otros instrumentos comerciales como los aranceles impuestos conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial o la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Para el sector empresarial, eso significa que no se trata de un reinicio único del régimen comercial, sino de una compleja reconfiguración en la que una parte de los costes puede ser devuelta y otra parte sigue vigente. En otras palabras, las empresas no pueden simplemente calcular un nuevo precio de entrada como si el problema estuviera resuelto, porque aún deben seguir varios regímenes paralelos.
Supresión temporal de un régimen, preparación de otro
La mayor fuente de nerviosismo para la economía no es solo la cuestión de los reembolsos, sino la posibilidad de que la administración estadounidense sustituya muy rápidamente los aranceles anulados por nuevas medidas. Y eso es precisamente lo que ya está ocurriendo. El mismo día en que el Tribunal Supremo anuló los aranceles IEEPA, la Casa Blanca recurrió a otra base jurídica y proclamó un recargo temporal adicional a la importación del 10 por ciento conforme a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Ese mecanismo está limitado en el tiempo a 150 días y, según las normas publicadas, se aplica desde el 24 de febrero de 2026 a un amplio espectro de importaciones, con determinadas excepciones.
Eso significa que las empresas recibieron en la misma semana una buena y una mala noticia. La buena es que un conjunto de aranceles cayó en los tribunales. La mala es que casi de inmediato se estableció un nuevo régimen transitorio, y la administración prepara en paralelo medidas más permanentes. El Representante de Comercio de Estados Unidos ya recibió la orden de examinar, mediante procedimientos conforme a la sección 301, nuevas bases para aranceles adicionales, incluidas cuestiones de excedentes de producción y otras prácticas comerciales que Washington considera perjudiciales para la economía estadounidense. Para las empresas, eso significa en la práctica que el tribunal anuló una construcción jurídica, pero no eliminó la propia intención política de utilizar los aranceles como instrumento de política industrial y comercial.
Precisamente por eso los directivos, los directores financieros y los equipos jurídicos trabajan hoy en dos vías. En la primera intentan recuperar dinero que consideran cobrado de forma ilegal. En la segunda ya incorporan a sus planes la posibilidad de que parte de los costes vuelva pronto a través de un nuevo régimen. Esa situación dificulta la toma de decisiones sobre contratos celebrados a seis meses, un año o más. Si una empresa supone que recibirá un reembolso significativo y por ello baja sus precios, y luego el reembolso se retrasa o nuevos gravámenes anulan el ahorro esperado, el margen puede derrumbarse de repente. Si, por el contrario, mantiene precios más altos para protegerse, arriesga una caída de competitividad y una pérdida de cuota de mercado.
Por qué el riesgo financiero se derrama por toda la cadena
El problema empresarial no se limita solo a los grandes importadores. Los aranceles y la incertidumbre en torno a ellos se derraman por toda la cadena de suministro, desde fabricantes, navieras y distribuidores hasta el comercio minorista y los clientes finales. Cuando el estatus jurídico de los aranceles permanece abierto, todos los participantes de la cadena empiezan a incorporar su propio recargo de protección. El proveedor quiere un mayor margen de seguridad, el transportista quiere cláusulas más flexibles, el comerciante quiere la posibilidad de ajustar precios más rápidamente, y el cliente aplaza pedidos o pide descuentos. Así, la incertidumbre jurídica se convierte en una fuerza inflacionaria por sí misma, incluso antes de que se sepa exactamente cuáles serán los futuros gravámenes.
Un problema especial lo representan los contratos en los que no está definido con precisión quién soporta los costes comerciales extraordinarios. Las empresas ahora revisan con rapidez las cláusulas sobre cambio de ley, fuerza mayor, ajustes aduaneros y reparto del coste. Donde no existen tales disposiciones, crece la posibilidad de disputas comerciales entre socios que hasta ayer pensaban que tenían una relación estable. En ese sentido, la batalla judicial estadounidense sobre los aranceles también se convierte en un problema global, porque afecta a exportadores de Europa, Asia y América Latina que venden mercancías a Estados Unidos y tratan de evaluar cómo reaccionarán los compradores estadounidenses ante nuevas olas de costes.
A los mercados no les gustan las situaciones en las que es difícil distinguir lo temporal de lo permanente. Si hoy la tasa es del 10 por ciento, pero existe la posibilidad de que dentro de unos meses vuelva a ser más alta y esté estructurada de otra manera, las empresas preferirán planificar de forma conservadora. Eso significa menos inversión, más aplazamientos y contrataciones más prudentes. Para el comercio internacional, es una mala noticia, porque la ambigüedad jurídica actúa como un obstáculo adicional incluso cuando el tipo arancelario formal no está en su punto máximo.
Qué están haciendo concretamente ahora las empresas
Según las estimaciones de asesores jurídicos y fiscales que siguen la práctica comercial estadounidense, las empresas llevan actualmente tres registros paralelos. El primero se refiere a los pagos históricos de aranceles IEEPA y a la estimación de reembolsos potenciales. El segundo abarca los envíos activos y los nuevos costes bajo el régimen temporal de la sección 122. El tercero se refiere a escenarios para el verano de 2026, cuando el recargo temporal podría expirar, ser prorrogado por decisión política o ser sustituido por medidas más específicas tras nuevas investigaciones.
En ese proceso también desempeñan un papel importante detalles técnicos que a primera vista parecen secundarios. La CBP comunicó al tribunal que puede procesar reembolsos electrónicamente y que un gran número de importadores afectados aún ni siquiera ha sido incluido en el sistema electrónico correspondiente. Para las empresas, eso significa que la cuestión de los reembolsos no se resuelve solo en la sala del tribunal, sino también en la preparación administrativa, desde la armonización de la documentación hasta la verificación del estado de antiguas liquidaciones aduaneras. En otras palabras, la recuperación financiera depende tanto de la estrategia jurídica como de la capacidad de los equipos operativos para preparar rápidamente los datos.
Las grandes empresas tienen aquí cierta ventaja porque cuentan con abogados internos, especialistas aduaneros y asesores externos. Los pequeños y medianos importadores se encuentran en una posición mucho más difícil. A menudo no tienen recursos para procedimientos prolongados, y la incertidumbre les afecta con más fuerza porque incluso una alteración menor del flujo de caja puede influir en las compras, las existencias y la solvencia. Por eso, en los círculos empresariales se subraya cada vez más que el problema no es solo el nivel de los aranceles, sino la imprevisibilidad del régimen en el que operan las empresas.
El mensaje político sigue siendo el mismo, cambian las bases jurídicas
Desde la perspectiva de Washington, el mensaje de la administración no ha cambiado: los aranceles siguen siendo una herramienta con la que se pretende proteger la producción nacional, reducir el déficit comercial y presionar a los socios en las negociaciones. Lo que ha cambiado es la vía jurídica por la que se intenta alcanzar ese objetivo. El Tribunal Supremo limitó claramente la posibilidad de utilizar poderes presidenciales extraordinarios para la imposición amplia de aranceles, pero con ello no prohibió el uso de otros instrumentos legales. Precisamente por eso el mercado no lee esta sentencia como el fin de la era de los aranceles, sino como el comienzo de una nueva fase en la que cada gravamen futuro estará expuesto a una prueba jurídica y política aún más detallada.
Tras la sentencia, la National Retail Federation declaró que la decisión aporta la claridad tan necesaria sobre los límites del poder ejecutivo, pero para las empresas esa claridad sigue siendo por ahora parcial. Se ha trazado el límite de una potestad, pero no está claro cuál será el efecto final sobre los costes del nuevo entramado de aranceles temporales, investigaciones y posibles decisiones futuras. Por ello, en la economía aumenta la importancia de la planificación por escenarios, de asegurar las posiciones contractuales y de la cautela al estimar precios para la segunda mitad del año.
Al final, queda claro que el mayor riesgo empresarial quizá ya no sea el propio tipo arancelario, sino la duración del caos jurídico que lo rodea. Mientras los tribunales, las autoridades aduaneras y el poder ejecutivo buscan un modelo sostenible para los reembolsos y los nuevos gravámenes, las empresas deben operar como si cada coste fuera temporal, pero también como si mañana pudiera hacerse permanente. En ese entorno, la seguridad jurídica se convierte en una mercancía casi tan valiosa como el acceso al mercado, y la cuestión de los aranceles pasa de ser un tema comercial a una cuestión central de gobierno corporativo, flujo de caja y competitividad global.
Fuentes:- Tribunal Supremo de Estados Unidos – decisión en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump de 20 de febrero de 2026, en la que se determinó que la IEEPA no otorga al presidente autoridad para imponer aranceles amplios (enlace)
- U.S. Customs and Border Protection – aviso sobre el cese del cobro de aranceles IEEPA y la desactivación de los códigos arancelarios correspondientes desde el 24 de febrero de 2026 (enlace)
- Associated Press – informe de que la CBP solicita unos 45 días para establecer un sistema de reembolsos, con una estimación de unos 166 mil millones de dólares y más de 330 mil importadores afectados (enlace)
- Casa Blanca – proclamación presidencial y resumen complementario del recargo temporal adicional a la importación del 10 por ciento conforme a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (enlace)
- CBP CSMS – instrucciones técnicas sobre la aplicación de aranceles temporales conforme a la sección 122, incluida la fecha de inicio el 24 de febrero de 2026 y el período de 150 días (enlace)
- National Retail Federation – reacción del sector minorista a la decisión del Tribunal Supremo y valoración de que la sentencia es importante para la claridad sobre los límites del poder ejecutivo en la política comercial (enlace)
- Wharton Budget Model – análisis del efecto fiscal de la sentencia y de las cuestiones procedimentales en torno a posibles reembolsos de aranceles (enlace)
- Business Insider – ejemplo de nuevas disputas tras la sentencia, incluidas exigencias de que los posibles reembolsos no sean retenidos solo por los importadores, sino que parte del beneficio se traslade también a los clientes (enlace)
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