Big Ten y SEC respaldan una ley histórica sobre el deporte universitario, a la espera de una batalla clave en el Senado
La Big Ten y la Southeastern Conference (SEC), las dos conferencias con mayor influencia financiera y política en el deporte universitario estadounidense, respaldaron la propuesta Protect College Sports Act of 2026 después de varios días de negociaciones con un grupo de senadores. El cambio de postura fue anunciado el viernes 31 de julio, tras conversaciones separadas entre los presidentes y cancilleres de las universidades de ambas conferencias. Según Associated Press, el apoyo llegó después de las últimas concesiones en las disposiciones que regulan los contratos sobre el uso del nombre, la imagen y la personalidad de los deportistas, conocidos por la sigla NIL, así como los pagos realizados a través de organizaciones y socios comerciales vinculados con las universidades. De este modo, la propuesta, que apenas un día antes se encontraba cerca de un bloqueo político, volvió a tener una posibilidad real de llegar a una votación ante el pleno del Senado.
Sin embargo, la ley todavía no ha sido aprobada. Primero debe superar el obstáculo procedimental de obtener al menos 60 votos, necesarios para cerrar el debate en el Senado, y después someterse a una votación final. Incluso si supera la cámara alta del Congreso, el mismo texto también deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente de los Estados Unidos. El calendario político aumenta aún más la presión: los senadores intentaban alcanzar un acuerdo antes del receso de verano que comienza después del 7 de agosto, mientras que el margen para grandes iniciativas legislativas antes de las elecciones de noviembre es cada vez más estrecho.
Cambio de postura tras semanas de oposición abierta
El Protect College Sports Act, registrado oficialmente como propuesta S. 4668, fue presentado por el senador republicano Ted Cruz, de Texas, y la senadora demócrata Maria Cantwell, del estado de Washington, junto con los senadores Eric Schmitt, de Missouri, y Chris Coons, de Delaware. El 18 de junio, la propuesta fue aprobada por el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado por 19 votos contra 9, lo que representó uno de los pasos más importantes hasta ahora hacia una regulación federal del deporte universitario. En ese momento, la Big Ten y la SEC no respaldaban el texto y advertían sobre el riesgo de nuevas demandas, una protección antimonopolio insuficientemente clara y modelos controvertidos de venta conjunta de derechos audiovisuales. Su oposición también era importante porque varios senadores proceden de estados en los que se encuentran los principales programas de esas conferencias.
El giro se produjo después de intensas negociaciones con Cruz, Cantwell y Schmitt, así como con sus colaboradores. En una declaración conjunta recogida por CBS Sports, las conferencias indicaron que respaldaban la propuesta "en su borrador actual" y agradecieron el trabajo realizado para alcanzar un compromiso. Según el mismo informe, los presidentes y cancilleres de las instituciones miembros de la Big Ten y la SEC votaron por separado sobre el respaldo después de recibir una redacción destinada a impedir que los límites de pago a los deportistas fueran eludidos mediante entidades vinculadas. CBS Sports también informó de que la Casa Blanca pidió el viernes la aprobación de la ley, aumentando así la presión política sobre las partes implicadas.
El respaldo de las dos conferencias no significa que todas las diferencias hayan desaparecido. Associated Press señala que los detalles del último compromiso todavía deben desarrollarse por completo y que el texto final íntegro de las modificaciones no fue presentado públicamente de inmediato. Por ese motivo, actualmente no es posible evaluar con certeza cómo funcionará cada nueva disposición en la práctica, especialmente en relación con el acuerdo judicial existente que ya regula los pagos directos a los deportistas. No obstante, la posición conjunta de la Big Ten y la SEC modifica considerablemente el cálculo político, ya que sus dirigentes ahora pueden solicitar activamente el apoyo de los senadores de los estados en los que operan sus instituciones miembros.
Los contratos NIL y las "entidades vinculadas" en el centro del compromiso
La sigla NIL se refiere al derecho de los deportistas a ganar dinero mediante el uso de su propio nombre, imagen y personalidad en publicidad, patrocinios, apariciones públicas y otros negocios comerciales. En 2021, la NCAA abrió el camino para este tipo de contratos, pero el sistema se convirtió rápidamente en un mercado desigual regulado por una combinación de decisiones de tribunales federales, distintas leyes estatales y normas de organizaciones deportivas. Junto con acuerdos publicitarios legítimos, también aparecieron arreglos que los críticos describen como incentivos encubiertos para que los deportistas se incorporen o permanezcan en una determinada universidad. Las organizaciones NIL financiadas por donantes, los socios de marketing y otras entidades formalmente separadas de las universidades, pero estrechamente relacionadas con sus programas deportivos, adquirieron un papel especialmente relevante.
Precisamente la definición de esas "entidades vinculadas" era el principal obstáculo para la Big Ten y la SEC. Según CBS Sports, las conferencias exigían una supervisión más estricta de los contratos mediante los cuales patrocinadores corporativos, titulares de derechos multimedia u otros socios podían pagar dinero a los deportistas fuera del límite oficial de reparto de ingresos. Su objetivo era que, al determinar el coste total de un equipo, no se tuviera en cuenta únicamente el dinero pagado directamente por la universidad, sino también los pagos de organizaciones que actúan en su interés. Por ello, durante las negociaciones se debatió sobre una revisión previa más rigurosa de los contratos, una relación más clara entre el pagador y la universidad y sanciones más eficaces para quienes eludan las normas.
Relación con el acuerdo del caso House contra la NCAA
El debate sobre la nueva ley no puede separarse del acuerdo alcanzado en el caso House contra la NCAA, aprobado por la jueza federal Claudia Wilken en junio de 2025. El acuerdo, valorado en aproximadamente 2.800 millones de dólares, contempla compensaciones para antiguos y actuales deportistas y permitió por primera vez que las universidades de la División I de la NCAA compartieran directamente una parte de sus ingresos con los deportistas. El límite anual inicial era de aproximadamente 20,5 millones de dólares por institución, con incrementos graduales durante un período de diez años. Según datos más recientes difundidos por Associated Press, el límite para la temporada actual asciende a 21,3 millones de dólares.
En la versión negociada del Protect College Sports Act apareció la posibilidad de crear un fondo adicional de hasta 25 millones de dólares para retener a los deportistas, de los cuales cinco millones estarían destinados al deporte femenino. Ese fondo permitiría a las universidades efectuar pagos adicionales a los deportistas que ya forman parte de sus plantillas para reducir las salidas hacia otros programas. Associated Press advirtió de que la incorporación podría más que duplicar la cantidad que las instituciones más grandes pueden distribuir directamente, lo que plantea dudas sobre su compatibilidad con el modelo económico del acuerdo House. El abogado de los demandantes, Jeffrey Kessler, declaró a la agencia que no podía evaluar el efecto de las disposiciones sobre el acuerdo sin revisar su contenido íntegro.
Normas uniformes para transferencias, elegibilidad y agentes
Según un resumen publicado por el Comité de Comercio del Senado, la ley establecería normas nacionales sobre transferencias y elegibilidad deportiva. Se permitiría una transferencia libre durante los estudios universitarios de grado, mientras que los deportistas dispondrían, como regla general, de cinco años para competir durante cinco temporadas. La intención de los promotores es reducir los cambios constantes en las plantillas y las disputas legales relacionadas con las excepciones, aunque el valor práctico de esas disposiciones dependerá de las normas definitivas sobre lesiones, estudios de posgrado y otras circunstancias especiales. La propuesta también debería permitir sancionar el contacto no autorizado con deportistas que estén bajo contrato con otra institución o matriculados en ella.
La ley confirmaría a nivel federal el derecho de los deportistas a obtener ingresos por NIL y prohibiría a las instituciones retirarles la elegibilidad únicamente por haber contratado a un representante. En la versión aprobada por el comité, los deportistas y futuros deportistas de la División I tendrían que declarar las compensaciones NIL superiores a 600 dólares anuales, mientras que las instituciones y organizaciones deportivas deberían proporcionarles información sobre sus derechos. También se propuso limitar la comisión de los agentes al cinco por ciento del valor del contrato, junto con la obligación de indicar claramente las condiciones principales, la remuneración y las obligaciones de los deportistas. Las afirmaciones falsas, engañosas y fraudulentas de los agentes quedarían expresamente prohibidas, y los deportistas podrían iniciar acciones civiles privadas por determinadas infracciones.
Becas, atención sanitaria y protección tras el final de la carrera
Una de las partes más amplias de la propuesta se refiere a las obligaciones educativas y sanitarias de las universidades. Según el resumen oficial del comité, las instituciones de la División I tendrían que permitir que los deportistas utilizaran sus becas deportivas hasta diez años después de dejar de competir para que pudieran terminar sus estudios. Durante sus carreras deportivas, las universidades tendrían que cubrir los gastos médicos pagados de su propio bolsillo y relacionados con una lesión o enfermedad derivada de la participación en el deporte universitario, garantizar una segunda opinión médica y ofrecer un examen final tras el cese de la actividad competitiva. Para las lesiones y enfermedades relacionadas con el deporte también se prevén cinco años de cobertura sanitaria después de la última competición.
La propuesta contempla un fondo médico anual de 60 millones de dólares que ayudaría a las instituciones con menores ingresos y apoyaría el tratamiento de antiguos deportistas con graves consecuencias a largo plazo. El texto incluye estándares relacionados con conmociones cerebrales, lesiones cerebrales, enfermedades provocadas por el calor, rabdomiólisis, trastornos de células falciformes y asma, además de obligaciones vinculadas con la prevención de abusos, violencia sexual y acoso. Los deportistas deberían tener acceso a un defensor independiente y a canales claros para denunciar problemas. La ley también incluye protección para los denunciantes frente a represalias por parte de instituciones, conferencias y asociaciones deportivas.
Estas disposiciones representan un cambio importante respecto de un modelo en el que muchos derechos dependían de las normas de cada institución o de estándares voluntarios de la NCAA. Una obligación legal podría proporcionar a los deportistas una base más sólida para hacer valer sus derechos, pero también supondría costes adicionales para los departamentos deportivos más pequeños. Por ello, el fondo médico constituye una parte importante del compromiso, especialmente para las instituciones que no tienen ingresos comparables con los de los mayores programas de fútbol americano y baloncesto.
El deporte femenino y las disciplinas olímpicas como parte clave del paquete
Los promotores subrayan que la reforma no está destinada únicamente al fútbol americano y al baloncesto masculino, las disciplinas que generan la mayor parte de los ingresos televisivos y comerciales. Según los datos oficiales del Comité de Comercio del Senado, todas las instituciones de la División I tendrían que mantener un número mínimo de programas deportivos y de plazas en sus plantillas. Los departamentos deportivos con más de 80 millones de dólares en ingresos anuales, categoría que incluye a 74 grandes universidades, no podrían reducir durante nueve años el número de programas femeninos y olímpicos, becas ni plazas en las plantillas por debajo del nivel del año académico 2024/2025. Estas disposiciones pretenden evitar que el coste de los pagos directos a los deportistas provoque la desaparición de disciplinas menos rentables.
La protección de los deportes olímpicos tiene un significado más amplio porque el sistema universitario estadounidense sirve como base de desarrollo para un gran número de deportistas de élite. El Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos respaldó una versión anterior de la ley después de que se añadieran protecciones más estrictas para esos programas. Otros cinco millones de dólares del fondo propuesto para retener a los deportistas estarían reservados específicamente para el deporte femenino, aunque el método definitivo de distribución y su relación con la ley federal Title IX siguen siendo cuestiones jurídicamente delicadas. El propio acuerdo House no resolvió cómo se aplican las normas de igualdad de género a los pagos directos a los deportistas, por lo que podrían surgir nuevos litigios independientemente del resultado de esta ley.
Derechos audiovisuales, protección antimonopolio y temor a una "superliga"
El Protect College Sports Act también contempla la posibilidad de vender conjuntamente los derechos audiovisuales con una protección antimonopolio limitada, siguiendo determinados modelos de las ligas profesionales. Según el resumen oficial, una organización de este tipo tendría que incluir al menos al 75 por ciento de las universidades del máximo nivel del fútbol americano, mientras que la afiliación se ofrecería a instituciones y conferencias en igualdad de condiciones. La participación no sería obligatoria, lo que constituía una de las exigencias durante las negociaciones con las grandes conferencias. Una parte de los ingresos tendría que destinarse a seguros contra lesiones catastróficas y distribuirse entre un grupo más amplio de instituciones, mientras que la ley también exigiría la posibilidad de transmisiones locales gratuitas de partidos de fútbol americano y baloncesto.
Al mismo tiempo, la propuesta intenta limitar la creación de una competición cerrada entre los programas más ricos, descrita a menudo como una "superliga". Durante las negociaciones se debatió la prohibición de un modelo en el que capital privado financiara la separación de un grupo de instituciones para formar una nueva competición comercial. Una versión anterior también incluía restricciones sobre fusiones o adquisiciones de grandes conferencias. El objetivo es preservar la estructura más amplia del deporte universitario, las rivalidades tradicionales y el acceso a los ingresos para los programas ajenos a la Big Ten y la SEC, pero precisamente las disposiciones sobre los derechos audiovisuales y la expansión de las conferencias figuraban entre las más controvertidas políticamente.
Qué ocurrirá ahora en el Senado
El siguiente movimiento corresponde a los dirigentes del Senado, principalmente al líder de la mayoría republicana, John Thune, quien decide si la propuesta llegará al orden del día y cuándo. Para cerrar el debate sobre la mayoría de las leyes se necesitan tres quintas partes de todos los senadores, es decir, 60 votos en un Senado de 100 escaños, según indica la página oficial del Senado sobre el procedimiento de cloture. Si se alcanza ese umbral, la propuesta puede pasar a la votación final, en la que normalmente basta una mayoría simple de los senadores presentes y votantes. El respaldo de la Big Ten y la SEC aumenta las posibilidades de reunir una coalición bipartidista, pero no garantiza que ya existan los 60 votos necesarios.
La votación en el comité demostró que las divisiones no siguen simplemente las líneas partidistas. Los opositores señalaron las consecuencias jurídicas y los intereses de las universidades de sus estados. Incluso después de una posible aprobación en el Senado, todavía quedaría la Cámara de Representantes, y ambas cámaras deben aceptar un texto idéntico.
Es especialmente importante que la versión aprobada por el comité declare expresamente su neutralidad sobre la cuestión de si los deportistas universitarios son empleados. De este modo, la ley no cierra el debate más amplio sobre la situación laboral, la organización sindical y la negociación colectiva, aunque regule una gran parte de la relación financiera entre los deportistas y las instituciones. Precisamente esta cuestión podría seguir siendo el próximo gran campo de batalla del deporte universitario estadounidense, independientemente del destino del Protect College Sports Act.
El apoyo de la Big Ten y la SEC es, por tanto, un momento importante, pero no definitivo. Ha devuelto la propuesta desde un bloqueo casi seguro al centro de la agenda del Senado y ha eliminado la oposición de los dos actores con mayores ingresos, contratos televisivos e influencia política. Que este cambio de postura sea suficiente para alcanzar 60 votos dependerá del texto definitivo del compromiso, de la disposición de los dirigentes del Senado a reservar tiempo para el debate y de la valoración de los senadores sobre si un marco federal aporta más estabilidad que nuevos riesgos jurídicos.
Fuentes:
- Associated Press – informe sobre el respaldo de la Big Ten y la SEC y la situación actual de la propuesta (enlace)
- CBS Sports – detalles de las negociaciones, declaración conjunta de las conferencias y cuestión de las entidades vinculadas (enlace)
- Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos – resultado de la votación en el comité y explicación de la propuesta (enlace)
- Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos – resumen oficial de las disposiciones sobre NIL, agentes, atención sanitaria, transferencias y derechos audiovisuales (enlace)
- Associated Press – modificaciones negociadas, fondo para retener a los deportistas y relación con el acuerdo House (enlace)
- The Washington Post – antecedentes y marco financiero del acuerdo House contra la NCAA (enlace)
- Senado de los Estados Unidos – explicación oficial del procedimiento de cloture y del umbral de 60 votos (enlace)
- GovInfo – información oficial sobre la propuesta S. 4668 y sus promotores (enlace)